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Empleo de las FF.AA.
El general Eduardo Aldunate Herman manifestó —en una entrevista publicada el domingo 17 en El Mercurio de Santiago— que en La Araucanía estamos ante problemas profundos, que deben ser solucionados con instrumentos políticos y no con calibre 5.56. Al respecto, vengo en comentar lo siguiente: Las FF.AA. son instrumentos políticos. Cuando los militares actúan están cumpliendo una función política. La decisión de emplear a las FF.AA. para enfrentar un conflicto es una decisión política, no militar.
Aldunate dice: “Los militares no son sustitutos de la policía, y ellos actuarán cuando las policías a las cuales les corresponde esta función —la conservación del orden público— son sobrepasadas, lo cual no es el caso”. Los hechos demuestran lo contrario. 
Se dice que en las regiones de La Araucanía existe “violencia rural”, en circunstancias que lo que existe es una “guerra de guerrillas”; una guerra irregular llevada a cabo por grupos de combatientes armados que ejecutan actos terroristas y otros de enorme violencia. Esta guerra irregular es una verdadera guerra y debe ser enfrentada como tal; no por organizaciones policiales —preparadas para investigar los delitos y restablecer el orden público— sino que por fuerzas militares que empleen todo su potencial; aplicando la estrategia y los procedimientos operativos de tiempo de guerra, sin las restricciones para el uso de la fuerza que rigen en tiempo de paz. 
Esta guerra irregular es muy difícil de neutralizar, pues los guerrilleros tienen las ventajas de su gran movilidad; del conocimiento del terreno; actúan en pequeños grupos; no usan uniformes identificativos y se confunden entre la población civil, lo que les permite operar de manera oculta y sorpresiva, moverse con rapidez y reunirse y dispersarse sin dejar rastro. Por ello, para alcanzar el éxito en este tipo de guerra, es preciso que las fuerzas militares del Estado estén en una relación del orden de 10 a 1 con respecto a los guerrilleros. 
Lo ideal es solucionar el denominado “conflicto mapuche” —cuyo origen inmediato reside en la promulgación de la “Ley Indígena” (19.253 de 1993) y en la ratificación del Convenio 169 de la OIT— pacíficamente, mediante grandes acuerdos nacionales, razonables y justos y que tiendan al bien común, pero el recurso al uso de la fuerza no debe ser descartado.

Adolfo Paúl Latorre